Palabra, la incomodidad del poder

El 2017 fue uno de los peores años para la libertad de expresión desde la muerte de Franco. Parece que 2018 sigue los pasos de esta involución. Estamos siendo testigos de un retroceso provocado por un Gobierno conservador y neofascista, por una fiscalía que aplica la ley cual legislación franquista y por unas leyes cuya finalidad no es establecer el orden sino oprimir a la disidencia.

La libertad de expresión transciende más allá de los derechos. Es un hecho humano que ni siquiera debería de requerir una protección, ya que debería ser innato al ser humano. La libertad de expresión es la base de la democracia, del Estado de derecho y de las propias relaciones humanas. Es un derecho intocable e intransformable, pero es un derecho que incomoda y que molesta. Que incomoda y molesta al poder. Es un derecho que debe proteger a aquellas opiniones tanto mayoritarias como, sobre todo, minoritarias. Decir, escribir, cantar y expresar, a través de cualquier tipo de expresión escrita y no escrita, todo aquello que pensemos, aunque muchas de esas cosas que se digan puedan no gustarnos al resto.

Estamos viendo en los últimos tiempos un retroceso. Tuiteros sentados en un banquillo, raperos condenados porque sus letras no gustan, personas condenadas por hacer chistes, obras de museo retiradas cual dictadura franquista, libros censurados por la mal llamada justicia española. El Partido Popular, que gobierna este país, lo llama límites. Ciudadanos, que apoya estas censuras, tal vez lo llame el neofascismo sensato. Y, el PSOE, ante mi total asombro, lo aplaude bajo el pretexto de que así se "baja la tensión". Para el pseudosocialismo bajar la tensión consiste en callar y administrar miedo.

Fariña, una obra de Nacho Carretero sobre el narcotráfico ha sido censurada en un alarde absolutamente autoritario e incostitucional de una juez censora de Madrid, por el hecho de que incomoda a un ex alcalde del PP. Valtònyc, un rapero condenado a tres años y medio de cárcel por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo. Injurias a la Corona por afirmar en sus letras algo absolutamente evidente como que "los borbones son unos ladrones". Hoy, la Comunidad de Madrid, gobernada por el autoritarismo del PP, aplica la censura a una obra de ARCO porque muestra a los presos políticos catalanes. Y las decenas de tuiteros imputados y condenados por escribir. Sin embargo, no veremos a ningún tuitero sentado en el banquillo por insultar y/o amenazar a gente de izquierdas. No veremos a aquel miembro del PP que pidió tiros en la nuca, cual proetarra, para líderes políticos. No veremos a aquellos que pedían que el GAL volviera a Cataluña. No veremos a Jiménez Losantos en un banquillo por amenazar en la radio, en vivo y en directo, a miembros de Podemos con dispararlos con una escopeta si los veía. No veremos a nadie de este sistema acusado de nada porque para el fascismo el resto somos carne de cañón.

Unas letras o unas canciones pueden no gustar, pueden incluso ofender, pero jamás son delictivas. El que no obtiene satisfacción de dichas letras puede dejar de leer, puede dejar de mirar una obra o puede dejar de escuchar una canción. El delito de injurias a la Corona, así como el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, deben de ser abolidos por ser propios de Estados bananeros y autoritarios, por ser propios del siglo XIX. No quiero ver a nadie más sentado en la Audiencia Nacional por escribir, ya sea contra gente de derechas o de izquierdas, por cantar o por expresarse libremente.

La Audiencia Nacional, la fiscalía y la justicia española en general, así como el Gobierno de España, están actuando como sistemas de opresión autoritarios y neofascistas, contraviniendo la Constitución Española, los valores defendidos en la propia Unión Europea y la Declaración de Derechos Humanos que a todos nos ampara. Si este sistema de opresión se perpetúa, las críticas al gobierno por parte de Europa y de la comunidad internacional llegarán, como ya pasó con la represión en Cataluña del 1-O. Si aún así no cambia nada, la desobediencia a la censura será legítima y necesaria. El derecho de rebelión es reconocido implícitamente en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.